La salud está ligada al código postal.

Los nuevos estudios sanitarios “se han centrado en la correlación entre el lugar donde vive la gente (es decir, el código postal) y su calidad y duración de vida. En varias ciudades de Estados Unidos, la esperanza de vida promedio en ciertas comunidades es de 20 a 30 años menor que la de las que se encuentran a sólo unos kilómetros de distancia. En general, las disparidades de salud se basan en una interacción de factores raciales, económicos, educativos y otros factores sociales.”



Así de contundente se mostraba uno de los centenares de estudios internacionales que hablan sobre la relación entre el código postal y los datos de salud de cada barrio.

Estos viene a indicar que el nivel de vida, educativo, económico y social de cada barrio determina el nivel de salud (y hasta la esperanza de vida) de cada barrio, con impactantes variaciones entre ellos.

Por tanto, es imprescindible acabar con las desigualdades sociales y económicas entre los barrios de una misma ciudad, para así mejorar de una forma global y completa la calidad de vida de todos los ciudadanos. Porque no solo hablamos de trabajo, acceso a la vivienda, proyectos de futuro, familia u ocio. Sino que todos los estudios que llevan casi una década saliendo nos muestran una clara relación entre desempleo y pobreza con una menor esperanza de vida.



En consecuencia estos estudios hablan, muy claramente, de la necesidad de realizar verdaderas políticas sociales y progresistas, para que no solo disminuyan las desigualdades sociales, se brinden mejores oportunidades laborales, si no que además los determinantes de salud mejoren, de forma indirecta, con los innegables beneficios que ello conlleva.



En este contexto, no podemos mirar hacia otro lado, debemos ser responsables y actuar en consecuencia. Porque cada acción (o inacción) política conlleva un posible sufrimiento, una vida penosa, o la imposibilidad de una segunda oportunidad laboral, social o educativa. Además de la dificultad de mejorar las condiciones de vida y el futuro de cada ciudadano que lo pueda necesitar. Siendo esto responsabilidad directa, sin ningún género de dudas, de todos los actores políticos que tienen responsabilidades, desde ayuntamientos, hasta el gobierno central.